La cooperación público privada es ventajosa para la administración pública y para los ciudadanos

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La colaboración público privada, podemos entenderla como un mecanismo mediante el cual se establecen diversas “formas de cooperación entre las autoridades públicas y el mundo empresarial, con el objetivo de garantizar la financiación, construcción, renovación, gestión o el mantenimiento de una infraestructura o la prestación de un servicio público.” (Ramió, 2015).

Mediante esta forma de cooperación, es posible proporcionar un gran número de servicios públicos a través de ventajas que aporta el sector privado, como son la reducción del gasto en infraestructuras a nivel estatal, repartir el gasto de mantenimiento y de mejora de las infraestructuras, aplicación de los conocimientos adquiridos a través de la investigación y el desarrollo en el plano público y la oportunidad de crecimiento a través de un mercado consolidado, que lejos de menguar, se encuentra en constante crecimiento, sobretodo en el mundo desarrollado.

Dos son los modelos que destaca Ramió por encima del resto de modelos cooperativos. Por un lado, las externalizaciones, a través de las cuales los servicios siguen siendo públicos (continúan bajo la titularidad y responsabilidad pública) pero son prestados por organizaciones privadas con o sin ánimo de lucro, y es el modelo más habitual de las administraciones públicas, y por otro lado, los paternariados público – privados, que son fórmulas de colaboración en las que dos o más organizaciones públicas y privadas independientes colaboran de manera voluntaria, y desarrollan conjuntamente productos y/o servicios compartiendo riesgos, costes y beneficios.

Estos modelos, y en general, las formas de cooperación público privadas, tienen una serie de ventajas y una serie de inconvenientes.

VENTAJAS:

  • Permite la continuidad de servicios públicos y el desarrollo de nuevos en momentos de restricción presupuestaria. En períodos de recesión económica, este modelo de cooperación permite que los servicios se sigan proporcionando, a pesar de que las arcas estatales vean reducido su volumen de ingresos y aumentado su volumen de gasto, sobretodo en políticas sociales. Por otro lado, permite implementar nuevos servicios necesarios y aumentar el acceso a los ya existentes. Si no existiera este modelo de cooperación, podríamos sufrir una situación tal, que el estado no pudiera proporcionar nuevos servicios, e incluso, que debido a reestructuraciones presupuestarias, la calidad de los ya proporcionados se viera reducida.
  • Mantenimiento de estándares de calidad, eficiencia y eficacia: como bien expone Pastor Albadalejo (2015), la cooperación público privada, permite que se mantengan unos altos niveles de eficacia, debido principalmente, a que el estamento público puede contratar a la empresa más especializada en el sector que precise, y con ello, un servicio público con una empresa privada experta en esa materia. Permite, también, que se establezca un balance positivo entre el ahorro y la reducción de costes en la producción y prestación de servicios, es decir, un aumento de la eficiencia, ya que al contratar a una empresa experta en la materia a desarrollar, puede proporcionar un servicio a un menor coste, y por último, uniendo reducción de costes junto al mejor servicio posible y una especialización en el suministro del servicio, llegamos al cumplimiento de unos estándares de calidad manifestados por la satisfacción de los ciudadanos con el servicio proporcionado.
  • Mejoras constantes en los servicios y ampliación del tejido empresarial: mediante la cooperación público privada, es posible que todas las innovaciones desarrolladas en el campo especializado de la empresa privada que aporta el servicio, sean aplicadas en beneficio del ciudadano, manteniendo así unos servicios actualizados y acordes a la evolución del sector privado. Por otro lado, proporciona un aumento del tejido empresarial ante la necesidad de ampliar los recursos para poder proporcionar los servicios públicos, situación que se traduce en un beneficio para la sociedad manifestado en puestos de trabajo de nueva creación e incluso en aumento de plantillas ya existentes.

DESVENTAJAS:

  • Implementación de proyectos o servicios innecesarios: una de las desventajas dentro de la cooperación público privada, es que se convierta en un “arma” de carácter político. La implementación de servicios con baja rentabilidad, tanto a nivel económico como a nivel de servicio, comporta un importante daño a las arcas estatales, y también en la credibilidad de cara al ciudadano. Un claro ejemplo de ello lo podemos encontrar tanto en la creación de aeropuertos en España, nada rentables respecto al volumen de pasajeros y servicios que realizan o la construcción de líneas de tren de alta velocidad. En ambos casos se da una situación deficitaria a nivel de demanda, pero con unos costes muy elevados.
  • Sobrecostes y déficit en los servicios: la competencia ante la prestación de un servicio público, puede conllevar un presupuesto extremadamente ajustado para poder competir ante diferentes empresas para poder resultar la elegida para proporcionar el servicio. Esta situación, y ante un ajuste tan extremo, puede conllevar la situación de sobrecostes, debido a la aparición de imprevistos a lo largo del proceso de implementación de las estructuras. Finalmente, al no contabilizar los posibles riesgos, se puede dar la situación de tener que sufragar un coste superior por contrato, cosa que puede llevar a dos situaciones: por un lado, el sobrecoste de rigor, con el consiguiente desprestigio frente al ciudadano y pérdida de confianza, o por el contrario, tener que solventar el imprevisto con un presupuesto similar al original, repercutiendo ello en la calidad final del servicio. Un ejemplo de ello, también lo tenemos en el sector ferroviario, con estructuras renovadas pero en las cuales los trenes no pueden superar determinados límites, inferiores incluso en algunos casos que en ramales previos.
  • Corrupción: sin duda, podría ser una de las mayores desventajas de la colaboración público privada. Mordidas en la contratación para la prestación de un servicio público, contratación irregular, enchufismo, etc… son una muestra de la tentación existente cuando de cooperación entre sector público y privado hablamos. Jareño (2017) expone que las mayores cifras delictivas relacionadas con la se producen en relación con la contratación pública en el ámbito de la Administración local. Un dato nada desdeñable. Por otro lado, también es importante tener en cuenta lo que aquí en España se llama “puertas giratorias”, es decir, altos cargos políticos que una vez finalizada su función gubernamental, redirigen sus carrera profesional a consejos de administración de grandes empresas. Este modelo, aunque legal, sería discutible a nivel ético, desprestigiando el sector público y poniendo en duda si estas empresas que ofrecen este tipo de puestos laborales, habrán recibido en algún momento de la trayectoria política del susodicho/a algún tipo de beneficio en cuanto a adjudicaciones o de otro tipo.

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