¿Existe politización de la justicia española?

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La posible politización de la justicia española es un tema que está de suma actualidad en los últimos meses.

Durante estos meses, hemos sido testigos de conductas cuanto menos sorprendentes por parte de la justicia española. Magistrados que son apartados de la instrucción de casos de corrupción, encarcelación preventiva de políticos, actuaciones exprés por parte de la justicia y un largo etcétera que conlleva ríos de tinta tanto en medios escritos como digitales, y una preocupante sospecha en el sistema judicial de España.

Uno de los argumentos más eximidos es su falta de independencia, y una consiguiente politización de la justicia española por parte de aquellos actores políticos que ostentan el poder y que se encuentran en situaciones comprometidas por sus malas praxis durante sus períodos de gobierno.

También hemos presenciado la encarcelación de políticos con unos argumentos puestos en tela de juicio de manera constante por parte de juristas y profesionales dedicados al mundo de la justicia, y de personas que sin tener relación directa con el mundo de la política, se encuentran bajo arresto con unos cargos cuanto menos discutibles.

Conocer de primera mano si existe politización de la justicia española, es una labor ardua y complicada.

Por otro lado, el Grupo de Estados contra la corrupción (GRECO), ha presentado recientemente su informe anual sobre la cuarta ronda de evaluación, dedicada a los parlamentarios, jueces y fiscales (que finaliza en 2018) y en el cual “hace once recomendaciones a España y considera que cumple siete de ellas de forma parcial, mientras que otras cuatro no las cumple en absoluto (en el anterior informe cumplía seis parcialmente e incumplía cinco). Su dictamen es que la situación de España es «globalmente insatisfactoria«.” (diario Público:2018).

Todas estas situaciones, lleva al ciudadano de a pie a plantearse qué de cierto hay en tales afirmaciones, y sobretodo, como comentaba anteriormente, establece una situación de desconfianza nada aconsejable en una democracia, donde la separación de poderes tiene que ser uno de sus pilares.

Conocer de primera mano si existe politización de la justicia española, es una labor ardua y complicada.

Uno de los motivos de esta dificultad, es la imposibilidad de demostrar que las decisiones judiciales vienen dadas por la ideología política del magistrado en cuestión, o por influencia directa por parte del actor o actores políticos afectados.

A pesar de ello, sí que podemos recurrir a la legislación actual y a los documentos públicos disponibles para analizar quién y cómo se escogen a los magistrados encargados de llevar a trámite los procesos que pueden suscitar toda esta serie de dudas.

Los dos principales organismos que se encuentran siempre en la picota, son el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

La cuestión que más nos acerca a una situación de politización de la justicia española, es el proceso para elegir los jueces de estos organismos.

Ambos son los que más críticas reciben en cuanto a su manera de proceder, y sobretodo, de las decisiones que adoptan.

El Tribunal Supremo es el encargado (entre otras competencias) de los procesos contra miembros del gobierno, partidos políticos, personas aforadas y procesos contra la Casa Real.

Por otro lado, el Tribunal Constitucional es el órgano encargado de dirimir si una ley se adapta dentro del marco de la Constitución, o si por contra, a pesar de haber estado aprobada en las cortes, es necesario anularla.

Con lo cual, podemos deducir que establecer algún tipo de control sobre ambos organismos, puede aportar ciertos beneficios a aquellas personas que gobiernan en un momento dado, o incluso, puede solventar a favor determinados procesos comprometedores o perjudiciales para sus intereses.

La cuestión que más nos acerca a una situación de politización de la justicia española, es el proceso para elegir los jueces de estos organismos.

El Consejo General del Poder Judicial, es el organismo competente y encargado de nombrar a los jueces del Tribunal Supremo. Está compuesto por el presidente y por 20 vocales. El presidente del Consejo General del Poder Judicial es escogido por los 20 vocales. ¿Y quién escoge a los 20 vocales? Aquí está el kit de la cuestión.

Respecto a los miembros del Consejo General del Poder Judicial,

“El Consejo General del Poder Judicial es un órgano colegiado compuesto por:

  • Veinte miembros, llamados vocales, nombrados por el rey, elegidos por las Cortes Generales (Congreso y Senado) entre jueces y juristas de reconocida competencia.

 

  • Un presidente, que  será a su vez Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, designado por el Pleno del Consejo en su sesión constitutiva. Es elegido entre miembros de la Carrera Judicial o juristas de reconocida competencia.” (Poder Judicial España)

Respecto al Tribunal Constitucional, si analizamos la Constitución Española, el Artículo 159 del Título IX, establece

“El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.” (Constitución Española)

Para cada elección, es necesaria una mayoría de 3/5 partes.

Si visualizamos la composición del Congreso y del Senado durante el período de democracia de este país, podemos comprobar que prácticamente todos estos años, ha persistido en este país una situación de bipartidismo, o cuanto menos, han sido dos los principales partidos políticos que han ido alternando el gobierno de España, y mientras uno se encontraba ejerciendo las funciones de gobierno, el otro se encontraba en la oposición.

Esta situación, ha comportado que las 3/5 partes del congreso y del senado siempre estuvieran copadas por estos dos partidos.

Conclusiones sobre la politización de la justicia española:

Una de las primeras cuestiones llamativas, es que la elección de jueces de los dos organismos encargados de dirimir las cuestiones más delicadas del país, es realizada por los propios políticos.

El lógico bloqueo a la hora de decidir la elección de los componentes, tanto del Consejo General del Poder Judicial como del Tribunal Constitucional, implica la negociación entre las dos principales formaciones que poseen más de los 3/5 necesarios para la elección de los mismos.

Esta situación comporta una distribución total de los magistrados para evitar este bloqueo, atendiendo a las mayorías presentes en el momento de la elección.

Afirmar de manera tajante que la politización de la justicia española es un hecho, es un tanto aventurado, dado que no hay pruebas fehacientes de la influencia política directa sobre los magistrados encargados de dirimir los procesos (tales como presiones, chantajes, sobornos).

Lo que sí es innegable,  que la elección por parte de los políticos del momento de los magistrados y componentes de estos organismos, politiza la justicia desde un punto de vista ideológico, ya que cada formación aporta como candidatos a aquellos que son más afines con su ideología. Esta es una situación gravísima, ya que no aporta en ningún momento garantías respecto a la separación de poderes, y como tal, no asegura una justicia imparcial y neutra.

En un estado de derecho, es básica esta independencia por parte de la justicia. Es necesario buscar un método que asegure esta independencia y mediante el cual, los jueces no sean elegidos en función de sus “contactos” o de su ideología.

Debería revisarse de manera urgente la asignación, bien sea mediante concurso (previos requisitos tanto de años de profesión) o mediante la presentación de méritos que pudieran ser valorados de manera objetiva, pero siempre, eliminando toda posible influencia de carácter político, para comenzar a sanear unas instituciones que cada día que pasa están más puestas en entredicho.

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